La ratificación judicial de la corrección del costo de la energía avala el procedimiento de actualización ejecutado por la administración de la empresa provincial. El pago por parte de los usuarios es fuente de fondos para invertir en la prestación. “Si no tenemos recursos no podemos prestar servicio, y eso es peor que cualquier cosa. Con una tarifa tan atrasada no puede hacer funcionar la distribuidora”, afirmó el ministro de Hacienda y Finanzas y titular de la dirección. El jefe de la cartera económica también advirtió “que no se tenga la herramienta de corte, por falta de pago, es como sacarle la posibilidad de restablecer la equidad frente a quien cumplió con su obligación”.

El ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Enrique Vaz Torres, destacó como importante de la decisión del Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Nº1, la vigencia de la corrección tarifaria del servicio de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) como fuente de financiación de recursos genuinos, y el rechazo de la medida cautelar presentada contra la recomposición.

Sobre la indicación judicial para que no efectúe interrupciones del servicio por deudas en la facturación del primer bimestre de este año, Vaz Torres afirmó que “la DPEC no tenga la herramienta de corte es como sacarle la posibilidad de restablecer la equidad contra quien cumplió con su obligación. Esto está generando iniquidad, pero entendemos nosotros porque estamos trabajando en la idea de resolver el problema de quienes verdaderamente no pueden pagar la energía. Estamos avanzando en el análisis de una tarifa social, que ya se tiene, pero que la estamos tratando de poner a la altura de las circunstancia. Requiere toda una elaboración, porque está también esto pendiente del acuerdo que se logre con Nación”, explicó.

El jefe de la cartera económica y titular de la DPEC también señaló que “estamos analizando los alcances del fallo porque la verdad es muy reciente, ayer (por el jueves) estuve acompañando al gobernador Ricardo Colombi en el interior”.

El ministro explicó que de acuerdo al fallo judicial “no se puede interrumpir el servicio por causas de la facturación del primer bimestre, no quiere decir que si para atrás haya deudas no se proceda al corte”, advirtió.

“Que no se pueda cortar significa un perjuicio para la distribuidora. Estamos analizando también la responsabilidad de quienes están instalando acciones judiciales que resulten a posteriori perdidosas; vamos a indagar en la motivación de quienes tratan de perjudicar a la empresa”, anticipó Vaz Torres.

“Cuando uno toma decisiones administrativas de este tipo es porque tiene que tener la responsabilidad de garantizar lo general que es la prestación del servicio, y el equilibrio y financiamiento de las cuentas de la distribuidora para poder funcionar”, dejó en claro.   

ADMINISTRACIÓN E INIQUIDAD

“Acá hay dos cuestiones que deben quedar bien claro. En primer lugar la recomposición tarifaria que se hizo no es otra cosa que arrimar recursos genuinos a la DPEC para garantizar el servicio público. Porque si no tenemos recursos no podemos prestar servicio y eso es peor que cualquier cosa. Una tarifa tan atrasada no puede hacer funcionar la distribuidora”, sostuvo el ministro.

“Pensemos en los trabajadores, pensemos en los insumos, pensemos en los equipamientos que tenemos que tener para poder prestar el servicio. Eso por un lado. En la resolución judicial, que estamos analizando porque la verdad esto es muy reciente, lo más importante es que se rechaza la cautelar”, resaltó.

“El usuario si no paga va a tener un problema porque como se rechaza la cautelar y el aumento está vigente en algún momento va a tener que pagar. Ya otorgamos en la DPEC en algunos casos, de algunos segmentos tarifarios, facilidades de pagos sin recargo para este escalón alto del primer ajuste”, indicó.

“Así que esto de propagandizar que ahora no se puede cobrar el servicio no es así porque durará lo que dure la discusión y se han establecido los mecanismos para que esto no sea un impedimento para que se pueda acceder al servicio. Así que esto se va a acomodar y lo único que puede lograr es que se endeude la gente”, advirtió Vaz Torres. 

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

“Acá hay una intención, primero del Defensor del Pueblo que quiere instalar la idea de que le dieron la razón; no le dieron la razón a nada, lo único que dice la jueza es necesito más información porque lo que no quiero es que exista gente desplazada de la posibilidad de pago de sus consumos por la brusquedad del aumento, por decir de alguna manera, pero cuando se acerque toda la información que se está arrimando a la justicia para demostrar que esto no es así. Acá no está en discusión la legitimidad de lo que ha hecho la administración del Estado”, explicó.

Vaz Torres también afirmó que “no se podría interpretar que el fallo es una injerencia en la administración del Estado porque eso es imposible que haga la justicia. Acá hay dos o tres cuestiones muy importantes. Primero que los amparos ya no proceden, o sea que ese vicio que existía de hacer negocios de honorarios y todas esas cosas que nos ocurrían anteriormente felizmente la justicia está ordenando”, destacó.

“Y esto no quiere decir que no se discutan las cuestiones de fondo donde existen derechos difusos que tienen que ser aclarados. Esa es la función específica del Defensor del Pueblo. Lo demás está totalmente organizado en las relaciones jurídicas que existen entre el Estado y sus administrados”, expresó el ministro. 

FINANCIAMIENTO DE LA DISTRIBUIDORA

El jefe de la cartera económica dijo: “Tenemos una audiencia pública que ordena y no podemos seguir sosteniendo un subsidio de cerca de 30 millones de pesos mensuales a la DPEC por parte del Estado. Debíamos resolver este problema, porque seguramente también van a ir sobre la responsabilidad de los funcionarios que deben garantizar el equilibrio fiscal de la empresa. Ustedes saben que la empresa tiene que tener equilibrio fiscal con recursos genuinos, no tenemos autorización de generar un impuesto especial  para financiar la DPEC. No tenemos eso. Se están disponiendo de fondos de otras partidas del presupuesto para sostener el equilibrio de la empresa, para que pueda existir el servicio, esto es lo que hay que entender”, describió. 

PASOS DE LA CORRECCIÓN

“Tarifa congelada desde 2008; una autorización de la Nación para hacer el primer escalón de ajuste que es este, que no se hizo en su momento por una cuestión judicial; una audiencia pública que lo avala y corrige todas las discusiones anteriores colocan a la empresa en la posibilidad de ir corrigiendo sus cuentas, ir mejorando la inversión e ir solucionando los problemas que tenemos. Esto es así de sencillo”, resumió Vaz Torres sobre todos los pasos para llegar a la recomposición de la tarifa actual.

“El usuario tendrá que abonar su factura porque más tarde o más temprano lo tendrá que hacer. Lo único que está en discusión acá es que nosotros entendemos que es por las distintas razones que yo explicaba, que hasta el 31 de diciembre pasado teníamos un convenio firmado con la Nación que el gobernador quería cumplir y lo cumplió. La parte que no cumplió fue la parte nacional que no remitió los fondos para poder hacer las obras”, sindico.

“Calculen ustedes que los sueldos en el año 2008, la nómina salarial de los empleados de la DPEC era de tres millones y pico de pesos, hoy son cerca de 28 millones de pesos. Entonces ese salto de recursos debe provenir de la tarifa, si usted no recauda no puede pagar los sueldos. Esto está claro, no puede prestar el servicio adecuadamente. No puede hacer las inversiones”, afirmó. 

CUMPLIMIENTO Y MITIGACIÓN

“A pesar de todas estas cuestiones se remuneró al personal de la DPEC; el tesoro se ocupó de resolver estos problemas y bueno, ahora, hay que empezar a corregir y eso es porque el beneficio se puede observar en las otras cuentas del Estado”, sostuvo Vaz Torres.

“Que los sueldos estén al día, y que se pueda acompañar el proceso inflacionario y que se puedan recomponer los haberes, y se puedan resolver los problemas de la provincia tiene que ver también con el manejo de los recursos y con la responsabilidad que tenemos de poder financiar el Estado para que funcione. Lo otro es pura propaganda barata que no sirve para nada”, dijo.

“Nosotros tratamos, de todas maneras, de mitigar el efecto a quien no puede. De hecho existen algunos instrumentos para ello, tenemos en la DPEC la tarifa social. Queremos ampliar este concepto para que no sea lesivo a quienes verdaderamente no pueden abonar el servicio, pero ocurre que las personas que están más afectadas por este problema tienen la mayor cantidad de irregularidades porque no existen instalaciones, porque están colgados, porque están en lugares donde no existe infraestructura; hace falta invertir para poder incorporarlos al sistema, pero, ¿cómo lo hacemos sin recursos?”, explicó Vaz Torres.

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